Crisis humanitaria en el Catatumbo, crónica de un desplazamiento anunciado

El 15 de noviembre del 2024 la Defensoría del Pueblo publicó una alerta temprana advirtiendo la guerra inminente que se desataría en la región del Catatumbo. No se tuvo en cuenta por el Gobierno Nacional y ahora van alrededor de 32mil desplazados.

La situación es crítica desde hace décadas y años atrás viene empeorando, pero todo explotó hace una semana cuando el Ejército de Liberación Nacional, o mejor conocido como la guerrilla del ELN, le declaró la guerra frontal al frente 33 de las disidencias de las FARC.

Una lucha por el territorio que recuerda las peores épocas del conflicto armado durante los años 80 y 90, y que a la fecha ha dejado al menos 80 muertos y alrededor de 32mil desplazados entre población civil y firmantes de paz. Ambos refugiados en precarias condiciones principalmente en la ciudad de Cúcuta y otros que huyeron hacía Venezuela, según la Defensoría del Pueblo.

Los enfrentamientos van a cumplir una semana y se han extendido por casi todo el Catatumbo, una región formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, municipios con extensos cultivos de coca y varias rutas del narcotráfico en la frontera con Venezuela.

Según el ELN, que se estima movió al menos 2000 militantes para la confrontación contra las disidencias, “seguirá corriendo sangre en el Catatumbo” hasta que se entregue alias ‘Richard’, comandante del frente 33 de las disidencias, que opera en esa zona.

Algo que parece imposible, pues alias ‘Richard’ publicó un video donde aseguró que seguirán presentes y continuarán la lucha en “defensa de ustedes las comunidades y en defensa del territorio”, “enfrentando esos paramilitares del ELN, que se dedicaron a matar civiles desarmados a torturar a matar niños, a matar y mujeres”.

Un mensaje en contravía de lo que piensa el ELN, pues esa guerrilla asegura que el frente 33 fue el encargado de asesinar el 15 de enero del 2025 a Miguel Ángel López, su esposa y su bebé de 9 meses de nacido. Generando un cruce de señalamientos, entre ambos bandos.

La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo

El 15 de noviembre la Defensoría del Pueblo sabía que todo podía ir de mal en peor. Generando una alerta temprana ante el inminente “riesgo que se cierne para diversos sectores poblacionales de municipios que conforman la subregión del Catatumbo en Norte de Santander y el sur del Cesar, debido a las nuevas dinámicas que ha adquirido el conflicto armado interno en los últimos meses en estas zonas”.

Una alerta que tenía como protagonistas al ELN, a las disidencias de las FARC y además, al Ejército Popular de Liberación –EPL–. Pues desde el 2018, el ELN está en confrontación con el EPL, grupo al que le cedió terrenos, mientras discutía su proceso de paz con el Gobierno Nacional. La llamada Paz Total del presidente Gustavo Petro.

Un proceso violado constantemente en la región del Catatumbo, pues mientras se declaró el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) con la organización armada rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), “se ha evidenciado que los grupos armados han ejercido prácticas relacionadas con el control social y territorial, restricciones a la misión humanitaria y de cooperación, homicidios selectivos, secuestros, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como distribución de propaganda en lo que pareciera obedecer a una estrategia general de fortalecimiento y expansión territorial en paralelo al proceso de negociación”, dicta la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.

Y así, con un prontuario criminal que recopila día a día las de acciones violentas a lo largo del 2024. 23 crudos registros de asesinatos y hostigamientos a la población civil, arrancando desde el 24 de agosto, hasta el 8 de noviembre del 2024, cuando dos sicarios asesinaron al médico cirujano Julián Quintero, en la vía Sardinata a Cúcuta.

Además de un desplazamiento forzado intraveredal de 250 familias a raíz de combates el 25 de septiembre, en los que un soldado murió y cuatro resultaron heridos. Así como el desplazamiento de 10 familias el 9 de octubre al quedar en medio de las balas del ELN y el Ejército Nacional, “el segundo desplazamiento masivo registrado en este municipio”.

Finalmente, el documento detalló 19 recomendaciones “con el fin de mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos fundamentales de la población a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad”

“Así como impulsar acciones urgentes de disuasión, prevención, protección y atención integral que eviten la materialización de conductas vulneradoras de las garantías señaladas”. Todas medidas de disuasión, control y mitigación del contexto de la amenaza.

Dirigidas a al Ejército Nacional, Policía, Ministerio de Defensa, las alcaldías de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego, La Playa de Belén (Norte de Santander), Río de Oro, González (Cesar), Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Ministerio de Educación Nacional, Secretarías de Educación de los Departamentos de Norte de Santander y Cesar, Unidad Nacional de Protección, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Agencia para la Reincorporación y Normalización, Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Atención, Procuraduría General de la Nación y Reparación Integral de Víctimas, entre las principales.

Pese a lo anterior, el 20 de enero del 2025, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el documento no advertía sobre acciones específicas contra la población civil.

Hoy la violencia se recrudece en el Catatumbo y El Gobierno Nacional declaró estado de conmoción interior solo para la zona de los enfrentamientos, lo que permitirá aumentar la presencia de la fuerza pública y el fortalecimiento del equipo militar, pero la situación parece no tener un final cercano.

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